Derriban una barricada antiminería en Palawan, Filipinas
Pero la resistencia de los pueblos indígenas no será silenciada.
27 de julio de 2026, Yes to Life, no to mining. Palawan, durante mucho tiempo considerada la última frontera ecológica de Filipinas, es ahora el epicentro de un patrón preocupante: las incursiones mineras avanzan con impunidad y los derechos de los pueblos indígenas son pisoteados por las instituciones encargadas de protegerlos.
El 26 de marzo de 2026, en Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooke’s Point, las comunidades Pala’wan (¿Quiénes son los Palawan?. Ver nota abajo) observaron con asombro cómo dos retroexcavadoras pertenecientes a Calmia Nickel Inc. (CNI) cruzaban la frontera invisible que había protegido su territorio ancestral de montaña durante generaciones. Por primera vez, maquinaria pesada penetró en un paisaje donde aún florece la autosuficiencia: montañas con bosques repletos de vida silvestre, arrozales y campos de yuca, y decenas de manantiales de agua dulce que sustentan a comunidades enteras.
Según el líder tribal Panglima Celso Paida,
“La empresa entró en nuestro territorio ancestral sin consultarnos en absoluto. No tuvimos más remedio que actuar de inmediato y levantar una barricada comunitaria para impedir nuevas intrusiones. A pesar de ello, están arrasando una zona donde, supuestamente, planean construir su edificio.”
Durante casi tres meses, los residentes indígenas custodiaron la barricada día y noche. Se convirtió en un símbolo viviente de resistencia: una afirmación colectiva de los derechos ancestrales y una defensa de la sociedad civil de las cuencas hidrográficas de Brooke’s Point, que sustentan a las comunidades de las montañas, y a los agricultores y pescadores río abajo.
Un desmantelamiento brutal, respaldado por agencias estatales.
El 29 de junio, este bastión de la autodeterminación indígena fue desmantelado. La operación se llevó a cabo con la coordinación y el apoyo de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (NCIP, por sus siglas en inglés), la Policía Nacional de Palawan (PNP), el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, por sus siglas en inglés), la Oficina de Minería y Geociencias (MGB, por sus siglas en inglés) y otros organismos.
La orden de desmantelar la barricada se ejecutó bajo la Orden Ministerial N.° 1562026 de la NCIP, basada en una resolución emitida por IPDOBICAMM (¿Qué es esta organización? ver nota abajo), una organización cuya legitimidad es ampliamente cuestionada por los verdaderos líderes de Pala’wan. En una clara muestra de parcialidad, el Director Provincial de la NCIP, el abogado Jansen Jontilla, entregó personalmente la orden de desmantelamiento vistiendo un casco de minero, lo que confirma visualmente a quién le es leal la NCIP y constituye una traición a las comunidades que esa institución tiene el mandato legal de proteger.
Los líderes ilegítimos empoderados, los verdaderos custodios son ignorados
El presidente de IPDOBICAMM, Julhadi Titte, figura clave en el desmantelamiento, afirmó que la barricada violaba acuerdos previos e infringía los derechos de los pueblos indígenas amparados por la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA). Sin embargo, los líderes pala’wan rechazan categóricamente esta versión. Uno de ellos argumenta: “Titte no es un líder indígena legítimo, no pertenece a las tribus pala’wan e IPDOBICAMM no representa a los verdaderos custodios del territorio ancestral en los seis barangays (unidades administrativas)”. Aun así, la NCIP sigue dando visibilidad a estas figuras, una práctica que convenientemente se alinea con los intereses mineros.
“IPDOBICAMM se creó mediante la colusión entre las empresas mineras y la NCIP. Nuestros líderes legítimos se están reorganizando a través de PEKP (líderes tradicionales), con el apoyo de MKE (grupos de mujeres) y SAMAKA (jóvenes que se oponen a la minería).” DiIce un respetado representante de los Pala’wan.
Un proceso de CLIP defectuoso, manipulado para favorecer la minería.
Los acuerdos citados por IPDOBICAMM son sumamente cuestionables. Según líderes legítimos de Pala’wan, el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) fue manipulado por funcionarios de la NCIP. Un líder explica: “La NCIP validó la aprobación de la minería mediante votos mayoritarios dudosos en lugar de un consenso genuino, como lo exige la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA)”.
Una defensora de los derechos de las mujeres indígenas corrobora:
“Varios de los consultados no son verdaderamente indígenas. Colaboran con empresas mineras para su beneficio personal. Hablan en nuestro nombre sin nuestro consentimiento, y la NCIP los valida a ellos en lugar de a nosotros.”
Acuerdos mineros basados en el fraude y en violaciones.
El Acuerdo de Participación en la Producción Mineral (MPSA, por sus siglas en inglés) de MacroAsia Mining Corp., implementado por Calmia Nickel Inc., supuestamente recibió apoyo de la comunidad, lo que llevó a que la NCIP emitiera una Condición Previa de Certificación (CP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en las consultas participaron líderes ilegítimos, no los verdaderos custodios reconocidos por las comunidades locales.
Los líderes indígenas exigen ahora una investigación sobre cómo se obtuvo el Memorando de Acuerdo (MOA) y cómo se aprobaron los permisos mineros a pesar de la oposición generalizada.
“¿Por qué la NCIP sigue las órdenes de IPDOBICAMM, un grupo que administra las regalías mineras, en lugar de las de la comunidad indígena que realmente vive en las tierras ancestrales que se van a explotar?” Victor Colili – Exconcejal de Brooke’s Point y líder de los pueblos indígenas
Violaciones a las leyes, promesas incumplidas y una amenaza para un paisaje de la UNESCO.
MacroAsia/Calmia prometió nueve programas para los pueblos indígenas en el Memorando de Acuerdo, pero ninguno se ha cumplido. Su concesión minera se superpone con el Paisaje Protegido del Monte Mantalingahan (MMPL), un punto crítico de biodiversidad reconocido por la UNESCO que alimenta 33 ríos y proporciona servicios ecosistémicos valorados en 5,500 millones de dólares estadounidenses, y que sustenta a 200,000 personas.
El proyecto tampoco cuenta con el permiso comercial del alcalde de Brooke’s Point y no debería autorizarse, dada la Ordenanza Provincial n.° 3646, que impone una moratoria minera de 50 años. Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley siguen haciendo caso omiso de estas infracciones. Esto refleja un patrón recurrente en la gestión de los recursos naturales en Filipinas: corrupción, clientelismo e impunidad, que socavan el estatus de Palawan como Reserva de la Biosfera de la UNESCO y amenazan uno de los últimos bosques intactos del país.
IPRA bajo ataque: un peligroso giro legislativo
Filipinas cuenta con algunas de las leyes de derechos indígenas más sólidas de Asia. Sin embargo, la corrupción las debilita. Incluso la emblemática Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA, por sus siglas en inglés) se encuentra ahora amenazada. Proyectos de ley como el Proyecto de Ley 9608 y el Proyecto de Ley 621 pretenden transferir las funciones de la IPRA de la NCIP al DENR (Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la misma agencia cuya Oficina de Minas y Geociencias otorga los permisos mineros. De aprobarse, los derechos indígenas quedarían bajo la autoridad de quienes se benefician de su erosión. Esto supondría la desaparición de la IPRA.
“La destrucción de la barricada no nos detendrá. Solo nos hará estar más decididos a defender nuestro bosque y el futuro de las generaciones venideras.” Participantes del bloqueo liderados por Celso Paida
La resistencia indígena continúa.
A pesar del desmantelamiento, la determinación indígena permanece intacta.
La lucha del pueblo Pala’wan y la sociedad civil para proteger el entorno prístino de Brooke’s Point continuará hasta que cesen las operaciones mineras y se respeten los dominios ancestrales.
Qué puedes hacer:
Para apoyar esta lucha, por favor firma y envía esta carta por correo electrónico al Honorable Cesareo Benedito Jr., Alcalde de Brooke’s Point, incluyendo también las otras direcciones electrónicas en Cc.
Copiar la carta y enviarla por otro medio
Notas:
¿Quiénes son los Palawan?
Los palawan (o pala'wan), también conocidos como palawano, son uno de los pueblos indígenas originarios de la isla de Palawan, ubicada al suroeste de Filipinas. Son un grupo étnico fascinante con una profunda conexión con la naturaleza y una cultura que ha logrado resistir el paso del tiempo en las zonas montañosas e interiores de la isla. Practican el animismo. Se rigen por su propia ley conuetudinarial, en la que un consejo de sabios dirime los conflictos con el objetivo principal de restaurar la armonía y el equilibrio en la comunidad, no de “castigar” a un “culpable”.
¿Qué es la IPDOBICAMM?
Oficialmente, la IPDOBICAMM es la organización representativa de los líderes indígenas legítimos de la zona. A través de ella se manejan ingresos millonarios de regalías que pagan las corporaciones y se tramita el proceso legal de Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, o CLIP), un requisito indispensable en Filipinas para poder talar y explotar recursos en áreas protegidas y zonas tribales.
Para los defensores de los derechos humanos, líderes tradicionales de la tribu Pala'wan y colectivos ecologistas, la IPDOBICAMM es una organización creada en colusión con las empresas mineras y funcionarios corruptos, la acusan de manipular los votos, suplantando la tradición de tomar las decisiones por consenso y forzar votaciones por "mayoría" para aprobar la expansión de minas de níquel. Señalan que IPDOBICAMM ha fracturado a la tribu al convencer a sectores vulnerables mediante promesas de empleo, becas y dinero, mientras la minería destruye sus selvas nativas y contamina con lodo rojizo (laterita) sus cultivos de arroz. Por eso líderes indígenas independientes se han reorganizado bajo estructuras tradicionales ajenas a IPDOBICAMM (como la asociación PEKP, grupos de mujeres MKE y jóvenes de SAMAKA) y han levantado barricadas físicas y emprendido batallas legales contra el avance minero en el sur de Palawan.
Comentarios
Publicar un comentario