¿En paz con la naturaleza? La COP16 en Cali y la defensa de la biodiversidad

 

Amazonía ecuatoriana. Foto de Yasunidos

Con la COP16 en marcha en Cali, Colombia, Miriam Lang destaca que centrarse en los créditos de biodiversidad como una solución para preservar la biodiversidad implica el riesgo de impedir discusiones sobre cómo debe ser una política transformadora fuera de la lógica basada en el mercado. Lo que se necesita es un cambio de la lógica misma que impulsa la política ambiental en todos los niveles hacia una que ponga en primer plano visiones del mundo relacionales, y el cuidado y la reciprocidad con la naturaleza en lugar del impulso patriarcal y moderno, que busca mercantilizarla, dominarla y destruirla.

Radical Ecological Democracy / Miriam Lang, 22 de octubre de 2024: La decimosexta Conferencia de las Partes (COP) sobre biodiversidad se lleva a cabo en Cali, Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. La COP es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El gobierno colombiano tituló esta edición del evento bianual “La COP del pueblo y la reconciliación." El lema oficial, “Paz con la Naturaleza” invita a “repensar un modelo económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”. Se anuncia una acalorada disputa entre una sociedad civil preocupada y movilizada, en la que, además del movimiento ambientalista, destacan los pueblos indígenas y sus organizaciones; un gobierno anfitrión que ha declarado al país “potencia mundial de la vida” y al menos discursivamente, se ha mostrado como el gobierno latinoamericano más proambiental; y, finalmente, un proceso multilateral que ya ha abierto las puertas en gran medida a empresas, bancos y fondos de inversión. Estos actores esperan que se estandaricen los créditos de biodiversidad –análogos a los créditos de carbono– que pueden comercializarse internacionalmente para supuestamente compensar la pérdida de biodiversidad. Pero ¿cuáles son las implicaciones y consecuencias de esta conversión del tejido de la vida misma en una mercancía?

Cuando se trata de proteger la vida, ningún sacrificio ni ningún costo pueden parecer exagerqados. Curiosamente, cuando se trata de proteger el tejido que hace posible la vida, ese complejo ecosistema planetario del que formamos parte y del que dependemos, esta perspectiva parece cambiar. Múltiples desastres ambientales localizados (olas de calor, sequías e incendios, diluvios e inundaciones) cobran múltiples vidas, tanto humanas como no humanas, a diario. Muchos expertos advierten que la pérdida acelerada de biodiversidad a la que asistimos constituye la sexta gran extinción, esta vez provocada exclusivamente por actividades humanas. Sin embargo, el umbral estricto que distingue lo “factible” de lo “imposible” en la política ambiental global actual, lo que guía las decisiones, no es la efectividad ecológica o política de una medida, sino su rentabilidad.

De acuerdo a Segunda posición del Transnational Institute, “el financiamiento de la conservación se ha convertido en la ideología dominante de la mayoría de las ONG ambientales más grandes del mundo. También lo promueven fuertemente el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea”. El autor explica que “la premisa básica del financiamiento para la conservación es que salvar la naturaleza y evitar la crisis climática requiere enormes fondos, pero el dinero derivado de subvenciones públicas y filantrópicas es lamentablemente insuficiente. (…) Para ello, salvar la naturaleza debe convertirse en un esfuerzo lucrativo, apelando a los llamados “inversores de impacto”.

Un cambio radical en la política ambiental global

En apenas unas pocas décadas, la política ambiental global ha dado un giro fundamental. En las décadas de 1960 y 1970, fue un escenario en el que grupos y movimientos ambientalistas emergentes lucharon contra grandes corporaciones contaminantes, haciendo uso de poderes judiciales y legislativos. Lograron condenas en juzgados y tribunales y normas regulatorias en parlamentos que se comprometieron a limitar la contaminación y reparar eficazmente los daños. Pero a partir del giro neoliberal de las décadas de 1980 y 1990, la política ambiental comenzó a pasar de la prohibición y sanción de procesos de contaminación o destrucción de la naturaleza que superaban ciertos umbrales a una política que apostaba sólo por “mitigar el daño” –enfocándose en acciones voluntarias por parte de las empresas. Hubo una transición de una política que declaraba, en nombre del bien común, que ciertos emprendimientos extractivos o industriales eran inviables, a una que permitía el avance de la mayoría de los proyectos extractivos o industriales, priorizando los procesos de acumulación capitalista sobre los humanos y los ecosistemas. salud. Se pasó del uso de la capacidad regulatoria de los estados a un enfoque en el que sólo generan “incentivos de mercado” para que los contaminadores elijan voluntariamente implementar acciones de mitigación.

Históricamente, y en contraste con la perspectiva de regulaciones ambientales estrictas, la mitigación siempre fue vista como el enfoque más “favorable” al crecimiento económico, y había una tendencia a apelar a ella en nombre de la “libertad”. Supuestamente, existe una secuencia jerárquica en las acciones de mitigación: primero hay que evitar y, si eso no es posible, hay que buscar minimizar el daño. Si eso tampoco es posible, se debe restaurar el ecosistema previamente afectado. El último eslabón de la cadena es la indemnización del daño. Sin embargo, la experiencia de varias décadas con los créditos de carbono muestra que muchas veces compensar las emisiones se convierte en la primera opción, ya que es el camino más fácil para las grandes empresas, más alineadas con el imperativo de rentabilidad que las rige. Críticos como el Global Forest Coalition (GFC) señalan que es probable que esto también suceda con los créditos de biodiversidad. En otras palabras, se evitan o posponen las transformaciones necesarias en los sistemas productivos para reducir sus impactos de manera efectiva, agravando así la crisis ambiental.

El gran negocio de la conservación

En la COP16 de Cali no sólo se evaluará el estado de la biodiversidad. Será la primera COP sobre biodiversidad que discutirá la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado durante la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en 2022. Y en este contexto, se ha dado Centralidad a la cuestión de la financiación: según organizaciones transnacionales como el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, The Nature Conservancy y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, uno de los objetivos prioritarios del evento es cerrar un déficit de financiación estimado entre 200.000 y 700.000 millones de dólares al año y alinear los flujos financieros con el Marco Mundial de Biodiversidad.

Detener los ataques comerciales corporativos. Foto de Miriam Lang

Al cruzar todas las esferas de la vida, la razón neoliberal también se ha apoderado de la gobernanza ambiental global. Lo que guía hoy las decisiones en política medioambiental ni siquiera es el coste directo de una medida, sino la expectativa o no de rentabilidad. En lo que respecta a los mercados de biodiversidad, los principales actores del capitalismo globalizado esperan enormes ganancias: el Foro Económico Mundial (WEF) estima que en los próximos diez años, proteger la naturaleza y aumentar la biodiversidad podría generar oportunidades de negocio por valor de 10 billones de dólares al año y crear casi 400 millones de nuevos puestos de trabajo. Fondos de inversión como el Grupo de consultoría de Boston Incluso afirman que a nivel mundial los bosques valdrían hasta 150 mil millones de dólares.

El auge de la financiarización de la conservación no sólo ha transformado la forma en que se aborda este fenómeno, sino también el tipo de actores involucrados en el proceso. De acuerdo a Standing, “Personas con experiencia en finanzas, banca y consultoría empresarial están asumiendo la dirección de la mayoría de las grandes organizaciones conservacionistas. Sus juntas directivas están repletas de banqueros de inversión, administradores de fondos de cobertura y capitalistas de riesgo. En consecuencia, se están reutilizando para proyectos medioambientales instrumentos financieros riesgosos y opacos, originados en los mercados financieros”. De cara a la COP16, entidades como el Foro Económico Mundial o webs como Business for Nature están dando un papel protagonista a la empresa privada. Enmarcada en esta misma lógica, la perspectiva de múltiples partes interesadas que predomina hoy en el sistema de las Naciones Unidas ha generado múltiples alianzas transnacionales entre gobiernos, bancos y fondos de inversión, grandes empresas contaminantes y ONG ambientalistas transnacionales que son vistas como simples “alianzas de partes interesadas”. Se ignoran las enormes asimetrías entre sus miembros y se eclipsan los intereses muy divergentes que los motivan. “La formulación de políticas globales sobre biodiversidad ha permitido cada vez más que las mismas corporaciones responsables de la degradación ambiental adopten instrumentos basados ​​en el mercado, impulsadas por un fuerte lobby corporativo bajo el disfraz de 'participación de las partes interesadas'”, critica la Global Forest Coalition.

Compensación: un arma de doble filo

Esta política ambiental se sustenta en dos mitos que, pese a ser infundados, son hegemónicos en el discurso ambiental: que el crecimiento económico puede “desacoplarse” de sus impactos sobre la naturaleza y que es posible generar soluciones “win-win” en el contexto de protección del medio ambiente, en el que el medio ambiente gana y el inversor gana. También abundan los eufemismos. Por ejemplo, a menudo hablamos de soluciones “basadas en la naturaleza” o “positivas para la naturaleza”, lo que en primer lugar significa que a través de estas soluciones, la naturaleza generará ganancias para los inversores. En el centro de las nuevas políticas medioambientales está la creación de créditos como nuevas mercancías o activos financieros “basado en la naturaleza”.

Un concepto que fue central para la creación de créditos de carbono y ahora es central para promover los créditos de biodiversidad es el de “compensación”. Para complicar aún más las cosas en América Latina, en español “compensación” tiene un doble significado: por un lado, “compensación” podría entenderse como sinónimo de “reconocimiento”. Por ejemplo, como retribución económica históricamente justa por el cuidado del bosque que los pueblos indígenas han realizado durante miles de años. Pero, en los debates técnicos sobre los mercados de carbono o la biodiversidad, el término se utiliza a menudo como sinónimo de compensando en el sentido contrario. Ya no son los contaminadores los que reconocen a quienes han cuidado, sino que se eximen de responsabilidad por la destrucción que generan en un determinado lugar, a cambio de un pago “compensatorio” destinado a la conservación de otro lugar. La compensación así entendida implica un desplazamiento espacio-temporal que puede entenderse como un movimiento de externalización de responsabilidad: un ejemplo sería una empresa minera que destruye un bioma amazónico en Brasil y “compensa” esto pagando dinero para “proteger” otro bosque en África.

Amazonía ecuatoriana. Foto de Yasunidos.

Claramente, esto conduce a varios problemas. Uno es el doble acaparamiento de tierras. Primero, la empresa minera se apropia del bosque donde va a explotar, con consecuencias negativas para las personas que lo habitaban (pérdida de hábitat, soberanía alimentaria, probablemente desplazamiento y desarraigo cultural). En segundo lugar, la misma minera también se apropia del otro espacio donde pretende compensar este impacto negativo. Predominan los esquemas de conservación coloniales y de fortaleza, que piensan en la protección de los bosques como áreas protegidas de la gente o bosques sin gente, expulsando a las comunidades que viven en interacción con el bosque. Se trata de una cuestión especialmente delicada, ya que científicamente probado que son los modos de vida de los pueblos indígenas, de los habitantes de los bosques y las comunidades locales los que mejor protegen la biodiversidad, aunque el discurso hegemónico a menudo los acusa de lo contrario. Los territorios indígenas incluyen más de un tercio de los paisajes forestales intactos del mundo (ecosistemas forestales que muestran pocos signos de conversión o fragmentación del hábitat). Y la deforestación en territorios indígenas reconocidos es significativamente más lenta que en otros territorios.

¿Estandarizar el epítome de la diversidad?

En segundo lugar, la política de compensación –ya sea de carbono o de biodiversidad– es muy cuestionada por sus múltiples niveles de opacidad. Ha habido una controversia durante años sobre si el carbono biótico puede compensar el carbono emitido por los procesos industriales. De manera similar, muchos científicos cuestionan la suposición de que la biodiversidad de un lugar pueda considerarse “equivalente” a la biodiversidad de otros lugares. En otras palabras, si el daño causado por un proyecto extractivo en un determinado lugar puede efectivamente ser equivalente a la mejora o ganancia de biodiversidad en otro lugar distante –el lugar de compensación–, que es la base de legitimidad de esta estrategia de conservación. La mayoría los ecologistas admiten que los sustitutos utilizados para esta negociación son simplificaciones grotescas de las relaciones ecológicas y la naturaleza no humana.

La biodiversidad se define como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte: esto incluye la diversidad dentro de cada especie, entre especies y la diversidad de los ecosistemas. Obviamente, esto no es fácil de cuantificar, y es aún más difícil defender la equivalencia ecológica entre componentes de la biodiversidad que difieren en su tipo, ubicación y/o contexto ecológico. La ironía aquí es que la biodiversidad, el epítome de la diversidad, se ve sometida a la fuerza a un proceso de unificación o estandarización a través de una variedad de métricas, con el fin de transformarse en una materia prima y un activo viable para el capital financiero.

Para globalizar los mercados de biodiversidad que actualmente son experimentales (algo que muchos pretenden hacer en la COP16 de Cali), habría que dejar de lado estas cuestiones científicas y llegar a un acuerdo político sobre cuáles serían las métricas adecuadas para los atributos de la naturaleza perdidos y ganados y cuantificar los “sustitutos” o proxies (por ejemplo, variables de hábitat) que pueden combinarse y tomarse como representativas de la biodiversidad global. Esto supuestamente permitiría comparar los daños causados ​​a los ecosistemas en un lugar (el lugar de una inversión extractiva o productiva) con las ganancias obtenidas en otro lugar (el lugar de la compensación), forzando así una equivalencia entre ambos.

 

Cosecha de marzo. Foto de Miriam Yang

Desde una perspectiva de economía política, se puede observar que la valorización capitalista de la biodiversidad o su producción social como recurso apropiable o mercancía comercializable para los propósitos de la acumulación de capital implica una serie de pasos: desde la producción de conocimiento científico alineado específico hasta acuerdos de carácter político e ideológico. Y, por último, para que esa valorización funcione, para que un país pueda informar de sus avances a la ONU o para que una empresa pueda anunciar un producto como “neutral en cuanto a pérdida de biodiversidad”, es necesario generar credibilidad. Aquí es donde entra en juego lo que se llama “medición, notificación y verificación”, que es otro campo muy controvertido en el debate científico.

Esto nos lleva a un tercer problema con los créditos de biodiversidad. Es muy incierto si serán eficaces para proteger la biodiversidad que realmente existe. El escándalo que estalló en 2023 en torno a los créditos de carbono sugieren que: varios estudios demostraron que su efecto en la reducción de la deforestación fue nulo en la mayoría de los casos estudiados y que las empresas certificadoras habían inflado sus líneas de base. De tal manera, el resultado fácilmente podría ser incluso un aumento de las emisiones netas ya que supuestamente habían sido “compensadas”, en un contexto de alta vulnerabilidad de los métodos de verificación aplicables en materias tan complejas.

Pero a pesar de estas muchas dudas, Estados Unidos y la Unión Europea han incluido compensaciones por pérdidas de biodiversidad en su legislación ambiental. Normalmente se incluye en el marco de la aprobación de grandes proyectos en el contexto de estudios de impacto ambiental. Además, los mercados voluntarios de biodiversidad, que ya existen de forma experimental en 64 países de todo el mundo, permiten a las grandes empresas e instituciones financieras reducir sus riesgos operativos. Las compensaciones ayudan a las empresas con huellas ecológicas significativas a mantener sus licencias legales y sociales, mejorar (engañosamente) su imagen y reducir el riesgo crediticio.
 

Política de biodiversidad y pueblos indígenas

Existe un amplio consenso sobre el papel fundamental de los pueblos indígenas, pastores, pescadores artesanales, campesinos y comunidades afrodescendientes en la conservación efectiva de la biodiversidad. La mayoría de los pueblos indígenas han vivido en reciprocidad con bosques de gran biodiversidad y los han cuidado activamente durante miles de años, prácticamente sin dinero o medios de intercambio similares, debido a sus modos de vida basados ​​en la caza, la recolección y la agricultura a pequeña escala en lugares rotativos. Esta extraordinaria capacidad se basa en una comprensión filosófica diferente de la relación entre sociedad y naturaleza, que sitúa al ser humano no por encima, sino como parte interdependiente de su entorno. Es significativo que, aunque en su mayoría no están completamente desconectados del capitalismo o fuera de él, estos pueblos no viven “para” el capitalismo, no están sujetos a los imperativos de la acumulación. Hoy en día, el dinero todavía no es central para su reproducción, aunque contribuye a ella cada vez más. Esto se debe a la bioprecariedad que resulta de los múltiples ataques del mundo capitalista a sus territorios: tanto la expansión de las fronteras de la destrucción extractivista como la violencia epistémica que etiqueta sus filosofías como “creencias” y sus modos de vida como atrasados ​​y primitivos. y “a superar”, en lugar de reconocerlos como verdaderamente sostenibles.

Hay quienes ven los mercados de biodiversidad como una oportunidad para los pueblos indígenas. Sin embargo, un análisis sistemático de los mercados voluntarios de biodiversidad de 2023 concluye que ninguno de los programas examinados fue desarrollado por pueblos indígenas, que la mayoría de los programas no establecieron requisitos integrales para obtener el consentimiento libre, previo e informado, ni involucraron modelos de copropiedad, o asociación para compartir los beneficios con las comunidades. Otro problema es que los tecnicismos y opacidades que caracterizan a estos mercados y su volatilidad en los mercados financieros impiden que las comunidades campesinas, indígenas o forestales sepan con certeza con quién están tratando y bajo qué condiciones.

 

Otro mundo es posible. Foto de Miriam Lang.

Existe un alto riesgo de que en el contexto de la COP16, el bombo publicitario de los créditos para la biodiversidad impedirán que los asistentes discutan políticas que, fuera de los mercados, pueden ser verdaderamente efectivas para preservar la biodiversidad y que reposicionan el sostenimiento de la vida en el centro de la escena. Es posible que temas tan importantes como la posibilidad de una regulación pública fuerte de las actividades productivas contaminantes y el extractivismo quede al margen del debate; o que no se discuta la transformación del modelo agroalimentario global hacia la agroecología; o las acciones para restaurar bosques y ecosistemas degradados que generen empleo directo para las comunidades locales y no para quienes trabajan en el mundo de las finanzas. Hoy necesitamos políticas que, en lugar de intentar “incluir” a los pueblos indígenas en la lógica de la rentabilidad para que se conviertan en accionistas de sus propios territorios, apuesten por fortalecer sus modos de vida en sus propios términos, para reconstruir y restaurar las bases materiales de su forma de vida y la reproducción de su conocimiento. Políticas que reconozcan su contribución histórica y aborden la necesidad de reparaciones, tanto materiales como estructurales, por siglos de agravio, violencia y destrucción.

Queda por ver hasta qué punto el anfitrión de esta COP16, la ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad González, y la amplia base social del gobierno colombiano, pretenden siquiera desviar o lograr perturbar el esperado avance hacia la mercantilización de la biodiversidad. Por ahora, es importante que la sociedad organizada y los movimientos ecologistas no deleguen simplemente la protección de nuestra red de vida en los espacios de las Naciones Unidas, las corporaciones y los bancos. Más allá del trabajo de incidencia, la acción a múltiples escalas está a la orden del día, comenzando en el nivel territorial y en nuestras subjetividades, para construir barreras contra los imperativos de la rentabilidad. Se necesitan iniciativas entre pueblos que prefiguran cómo la justicia ambiental y las reparaciones climáticas pueden construirse en la práctica en todos los continentes, de manera horizontal y en una perspectiva de internacionalismo ecoterritorial, para mostrar vías efectivas de acción directa más allá del complejo ámbito multilateral. Es necesario un cambio en la lógica misma que impulsa la política ambiental hoy en todos los niveles, un cambio que ponga en primer plano las visiones del mundo relacionales, el cuidado y la reciprocidad con la naturaleza en lugar del impulso patriarcal y moderno de dominarla y destruirla. Incluso la idea misma de “conservación” debería ser cuestionada, ya que remite más a una cosa que a un sujeto vivo con el que los humanos tenemos que volver a relacionarnos urgentemente. Todo esto puede parecer difícil a primera vista. Pero cuando se trata de proteger la vida, ningún sacrificio ni desafío puede ser exagerado.

Miriam Lang: Es una académica activista que se desempeña como profesora de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Allí coordina la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo desde 2020. Tiene un doctorado en Sociología y una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Colabora con el Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo y es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Su trabajo de investigación se centra en la crítica del desarrollo, las alternativas sistémicas y la implementación territorial del Buen Vivir, que combina perspectivas decoloniales y feministas con la economía política y la ecología política.