Grupos ecologistas demandan bloquear la norma de Trump que desmantela la protección del hábitat de las especies.
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Los conservacionistas afirman que el oso grizzly podría verse amenazado por un cambio en la normativa de la administración Trump que excluye la destrucción del hábitat de la definición de "daño" (Patrick T. FALLON).
Grupos conservacionistas demandaron el martes a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, acusándola de desmantelar una protección fundamental de la Ley de Especies en Peligro de Extinción al excluir la destrucción del hábitat de la definición legal de "daño" a las plantas y animales vulnerables.
El Departamento del Interior finalizó la semana pasada las modificaciones a su normativa, revocando cinco décadas de precedentes en la interpretación de la ley.
La administración Trump ha argumentado que las acciones que dañen o maten directamente a las plantas y los animales seguirán estando prohibidas, pero ha afirmado que la definición anterior de "daño" era demasiado amplia e interfería con los derechos de propiedad privada.
En su demanda, presentada ante un tribunal federal en el estado de Washington, grupos como el Centro para la Diversidad Biológica y el Sierra Club argumentaron que el gobierno había violado flagrantemente "el sentido común, la ciencia biológica y la ley federal".
"Cuando una represa bloquea el paso de un arroyo, los salmones amenazados y en peligro de extinción sufren; cuando se talan los árboles donde anidan los mérgulos jaspeados, los mérgulos amenazados se acercan cada vez más a la extinción", decía la denuncia.
"La destrucción y degradación del hábitat mata a las especies amenazadas y en peligro de extinción con la misma certeza que dispararles."
En un comunicado adjunto, los grupos argumentaron que los cambios en la normativa podrían perjudicar de inmediato a la fauna silvestre, incluidos los manatíes de Florida, los osos pardos, el salmón y la trucha arcoíris, especies de aves como el correlimos rojo rufa y la reinita carigualda, y los insectos polinizadores.
"Afirmar que la Ley de Especies en Peligro de Extinción no protege el hábitat de las especies en peligro de extinción es una estupidez mayúscula, incluso para la administración Trump", declaró Miles Johnson, director jurídico de Columbia Riverkeeper.
La histórica Ley de Especies en Peligro de Extinción, aprobada en 1973 y a la que se le atribuye la salvación del águila calva, el caimán americano y otras especies emblemáticas, prohíbe la "captura" de especies en peligro de extinción.
La ley define "tomar" como "acosar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar o recolectar, o intentar realizar cualquiera de esas conductas".
Al aplicar la ley, el gobierno definió además "daño" para incluir "la modificación o degradación significativa del hábitat que realmente mata o hiere a la vida silvestre al afectar significativamente patrones de comportamiento esenciales, incluidos la reproducción, la alimentación o el refugio".
Esa definición se mantuvo vigente durante décadas, sobreviviendo notablemente a un caso de la Corte Suprema de 1995 centrado en la protección de los bosques primarios para los búhos moteados.
Al proponer la revisión el año pasado, la administración Trump citó un fallo de 2024 de la Corte Suprema, de tendencia conservadora, que anuló la antigua "doctrina Chevron", que facultaba a las agencias federales para interpretar estatutos ambiguos.
En consecuencia, el gobierno sostiene que ahora está obligado a "seguir el mejor significado posible de una ley en lugar de distorsionar las leyes para adaptarlas a una agenda política".
La derogación de la norma forma parte de un paquete más amplio de medidas destinadas a limitar la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
El pasado mes de noviembre, el gobierno propuso permitir que se tengan en cuenta "consideraciones económicas" en las decisiones sobre si proteger o no a las especies en peligro de extinción.
La administración Trump también ha eximido a las industrias de petróleo y gas que operan en el Golfo de México del cumplimiento de la ley.
Y el lunes, el gobierno anunció que reduciría dos vastas extensiones de tierra protegida en Utah en más del 90 por ciento cada una.
© Agence France-Presse
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