La norma para programas de manejo excluye a productores pequeños: Iniciativa Bosques para el Buen Vivir
Por Virginia Montes
Ciudad de México, 26 de mayo de 2021.
La norma para programas de manejo excluye a productores pequeños, sobrerregula las actividades campesinas, pero en cambio desregula la extracción forestal industrial, afirma la Iniciativa "Bosques para el Buen Vivir".
En un comunicado enviado al Grupo de Trabajo que está revisando la norma oficial para la presentación de los programas de manejo para aprovechamientos maderables (NOM-152), el grupo de organizaciones que forman la Iniciativa "Bosques para el Buen Vivir", señala que a lo largo de la propuesta de norma se especifican restricciones y criterios que buscan proteger a las áreas forestales de “incendios, plagas, enfermedades, pastoreo irracional y aprovechamientos no autorizados”. Siendo loable querer minimizar los daños por estos elementos causales, resulta sorprendente que la norma no establezca criterios generales para la reducción del impacto y daños que las mismas operaciones de extracción forestal ejercen sobre al arbolado residual, así como sobre áreas cercanas a manantiales, cuerpos de agua, entre otros.
Hemos visto cómo en Durango para derribar y extraer un árbol, se dañan muchos más por el derribo del árbol que se está cosechando y por el arrastre de la trocería. Estas actividades están quedando en manos de empresas contratistas que no tienen ningún compromiso con la conservación del potencial productivo del bosque, señala una especialista de la Iniciativa, que pidió el anonimato. Para este tipo de empresas, no hay regulaciones pero cuando una comunidad rural quiere aprovechar los recursos de su territorio, se le pone gran cantidad de obstáculos.
"Esto establece un régimen discriminatorio de facto en contra de las unidades campesinas que es violatorio del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", afirma la Iniciativa en el documento mencionado.
El borrador de norma que proponen algunos representantes gremiales y funcionarios del gobierno federal, se excluye a productores pequeños (y algunos medianos) del proceso formal de manejo forestal sostenible, pues la carga regulatoria (técnica y administrativa) a los propietarios (sociales y privados) de pequeñas superficies forestales es grande, casi la misma que a grandes productores industriales, pero los medios económicos de unos y otros son muy distintos. Para los productores pequeñis y medianos, esto representa una carga excesiva, por lo que de facto quedan excluídos del manejo forestal formal. "La nueva norma propuesta no representa un avance en términos de simplificación regulatoria con respecto a la anterior norma, especialmente para los propietarios de pequeñas superficies forestales", señala la Iniciativa.
Además de la trabas que se ponen a las comunidades, la norma está redactada como si la gente no supiera cómo funcionan sus bosques y qué hace falta para que estos perduren. La ignora la existencia de los sistemas de manejo forestal basados en el conocimiento tradicional, que han sido los que han mantenido los bosques de México desde antes que el país existiera. En contraste, la silvicultura profesional fue introducida por el régimen de Porfirio Díaz, hace poco más de un siglo apenas. Una silvicultura basada en el conocimiento tradicional sería mucho más efectiva en el contexto campesino, particularmente entre las poblaciones indígenas.
Al preguntar a los representantes de la Iniciativa por qué hacen estos señalamientos, en lugar de dejar pasar la propuesta como viene y luego acomodarse a los cambios, explicaron que esto se debe a que
"en la perspectiva de la iniciativa entendemos que, además de la madera, los bosques proporcionan productos no maderables y servicios ambientales que involucran no solamente a los permisionarios y a los prestadores de servicios forestales, sino a la porción de la población que se beneficia de la regulación hidrológica, requiere agua limpia y aprecia la diversidad biológica y cultural. Estamos hablando de muchos millones de mexicanas y mexicanos afectados por la norma".
Manifestaron también su esperanza de que las aportaciones de la Iniciativa ayuden a un proceso genuino de mejora de las instituciones que regulan los aprovechamientos forestales en México.
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